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The proposed law in Peru affects several key values in public administration. It undermines accountability by shifting the responsibility for criminal investigations from the judiciary to the executive branch, potentially compromising the integrity of these processes. Transparency is at risk, as the centralization of investigative authority under the National Police may lead to less openness in handling cases, especially high-profile ones. Furthermore, the law threatens the rule of law by violating constitutional provisions and weakening the principle of separation of powers.
La propuesta de ley en Perú afecta varios valores clave de la administración de justicia. La rendición de cuentas se ve comprometida al trasladar la responsabilidad de las investigaciones criminales del Poder Judicial al Ejecutivo, lo que podría debilitar la integridad de estos procesos. La transparencia está en riesgo, ya que la centralización de la autoridad investigativa en la Policía Nacional podría reducir la apertura en el manejo de casos, especialmente los de alto perfil. Además, la ley amenaza el estado de derecho al violar disposiciones constitucionales y debilitar el principio de separación de poderes.
