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El hecho de que Dina Boluarte haya declarado un duelo nacional por Alberto Fujimori y le haya otorgado honores de estado es profundamente perturbador, dado que Fujimori fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por los casos de corrupción que marcaron su régimen. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el conflicto armado interno en Perú, que incluyó el período de su gobierno, dejó alrededor de 69,280 víctimas entre muertos y desaparecidos, aunque la cifra exacta de víctimas atribuidas directamente a acciones del Estado bajo su mando varía.
El reconocimiento de Fujimori con honores y la declaración de duelo nacional no solo genera indignación entre las víctimas y los sectores que condenan su régimen, sino que también evoca la sensación de que el país aún no ha logrado hacer justicia plena por las violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno. Para muchos, este acto se percibe como una traición a los principios democráticos y un blanqueo de las acciones autoritarias que resultaron en la represión de miles de personas.
La combinación de violencia estatal y la corrupción durante ese periodo dejó cicatrices profundas en la sociedad peruana, y la conmemoración oficial a una figura tan polarizante es vista por algunos como una glorificación de un capítulo oscuro en la historia del país.
